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2016 El derecho al nombre como parte de la identidad personal y sexual en la jurisprudencia constitucional colombiana

Universidad Cooperativa de ColombiaSala de Conocimiento2016El derecho al nombre como parte de la identidad personal y sexual en la jurisprudencia constitucional colombiana

El derecho al nombre como parte de la identidad personal y sexual en la jurisprudencia constitucional colombiana

​Identidad personal

El derecho al nombre como parte de la identidad personal y sexual en la jurisprudencia constitucional colombiana
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Oona Isabel Hernández Palma 

Abogada. Mg. en Derecho
Docente Tiempo Completo Programa de Derecho sede Montería



El nombre, entendido como aquel rótulo que permite distinguir a las personas humanas, hace parte del estado civil, es un derecho fundamental y es un atributo de la personalidad; en tanto que, a partir de su libre escogencia, el ser humano puede construir y fijar su identidad personal, puede exigir el reconocimiento de su individualidad y ser tratado como distinto y distinguible. En ese sentido, es legalmente admisible rectificarlo, corregirlo o adicionarlo sin mayores formalismos que acudir ante notario público para que se realice la correspondiente modificación en el registro civil. Esta modificación por mandato legal deberá ocurrir por una sola vez, sin embargo la Corte Constitucional colombiana ha expresado que es posible modificarlo más de una vez cuando los principios de publicidad y estabilidad del registro civil deben ceder, ante la necesidad de amparar el derecho a la autodeterminación y la necesidad de realizar un proyecto de vida coherente con dicha realidad.

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El derecho fundamental al nombre, ha señalado reiterativamente el Tribunal Constitucional, se encuentra íntimamente ligado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art 16 CP) y con el derecho a la personalidad jurídica (art 14 CP), en la medida en que éste último no solo puede entenderse como la capacidad de la persona natural de ser sujeto de derechos y obligaciones, sino que implica también unas propiedades o particularidades que constituyen la naturaleza del hombre. Bajo el anterior sustento, es constitucionalmente admisible que toda persona, en ejercicio de su autonomía, pueda realizar el cambio o modificación de su nombre por el que prefiera, elegir aquel con el que logre expresar aspectos esenciales de su identidad; de tal forma que el cambio puede consistir en tomar el nombre de una cosa, o tomar uno poco común o sustituir un nombre femenino por uno masculino o viceversa. 

Ha señalado el órgano constitucional que “los nombres personales pueden provenir de personajes o figuras míticas, religiosas, políticas, o también de lugares geográficos, fenómenos naturales, objetos, cosas o, como en el presente caso, de nombres comerciales, marcas o denominaciones de clubes deportivos, a partir de los cuales una persona no solo quiere distinguirse de los demás sino expresar un aspecto que ella estima esencial de su propia identidad” (Sentencia T-168 de 2005).

No obstante, por encontrarnos en un Estado Social de Derecho resulta inadmisible bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad, que con el cambio de nombre se pretenda desconocer o vulnerar valores constitucionales o evitar que las autoridades hagan una adecuada identificación personal a razón de nombres ilegibles. De otro lado, por fuera de estas hipótesis, al notario no le está permitido obstaculizar o negarse a realizar el cambio que se le solicite, de hacerlo, su conducta se constituiría en extralimitación de sus funciones, las cuales se refieren a otorgar fe pública a determinados actos.

 En materia de cambio de nombre por cambio de sexo, la jurisprudencia constitucional sentó los lineamientos para evitar que miembros de la comunidad LGBT sigan siendo sujetos de trato desigual, frente al procedimiento que debe seguirse cuando la solicitud de cambio de nombre se presenta a raíz de una cirugía de reafirmación sexual y se busca además modificar el sexo en el registro civil. Se pretende proteger a aquellas personas con identidades en tránsito o personas trasgénero, en tanto que sus derechos a la identidad personal y sexual se verían afectados cuando, al no existir claridad frente al trámite pertinente para cambiar su sexo y en consecuencia su nombre, debían someterse a un proceso judicial que dado sus ritualismos, las sometía a cargas excesivas que suspenden el goce real de sus derechos, y particularmente el derecho a vivir como quiera, propio de la dignidad humana. 

El procedimiento para modificar el registro civil en la parte referente al sexo, requería intervención judicial, en la medida en que ésta modificación implicaba un cambio en el estado civil, que al igual que el nombre, es otro atributo de la personalidad. El Estado Civil de una persona, cuya prueba se hace mediante el registro civil, es “su situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley” (Decreto 1260 de 1970 art. 1); dado lo anterior, el sexo así como la edad, si es soltero o casado, son aspectos que integran el estado civil de una persona y en consecuencia lo hace sujeto de determinados derechos y obligaciones.

Sin embargo, con la sentencia T- 918 de 2012 la Corte Constitucional da un cambio a la línea jurisprudencial construida alrededor del discurso que asimila el sexo de una persona a partir del criterio objetivo guiado por la genitalidad, e introduce la concepción de la identidad de género como un derecho fundamental a partir del cual se reconoce el sexo “como parte de una construcción identitaria que surge como consecuencia de una decisión libre y autónoma del individuo no sujeta entonces a la genitalidad. Así, una persona con genitales masculinos válidamente puede construir su identidad dentro del género femenino” (Sentencia T- 063 de 2015)
 
Esta nueva comprensión de la identidad sexual ha servido para que progresivamente a las personas conocidas como trans, es decir, aquellas “que transitan del género asignado socialmente a otro género, en tanto que el asignado por la sociedad no coincide con la perspectiva de la persona, de modo que a veces un sujeto de sexo masculino, se identifica psicológicamente con lo femenino” (Sentencia T- 314 de 2011), se les brinde mayores garantías eliminando restricciones y permitiendo el disfrute efectivo de sus derechos derivado de la identidad asumida. De lo anterior, por ejemplo se ha autorizado en sede de tutela la realización de cirugía No POS, denominada de reafirmación sexual como protección al derecho a la autodeterminación sexual, a la salud y bienestar integral. 

Dentro de este reconocimiento progresivo y eliminación de barreras para el goce de sus derechos, podemos señalar como uno de las más recientes reivindicaciones a la comunidad LGBT y particularmente de los trasgeneristas, es que ya no se requiere acudir ante el juez e iniciar el proceso de jurisdicción voluntaria, sino que basta el trámite notarial, a todas luces más expedito, para proceder a que se modifique el registro civil en lo referente al sexo y, en consecuencia, se modifique el nombre. 

Lo anterior, al considerar la Corte Constitucional que “la modificación de los datos del registro civil de las personas trasgénero no responde a un cambio respecto de una realidad precedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta de correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de nacer y la adscripción identitaria que lleva a cabo el propio individuo, siendo esta última la que resulta relevante para efectos de la determinación de este elemento del estado civil” (Sentencia T-063 de 2015)

Todo este desarrollo jurisprudencial dio lugar a la expedición del Decreto 1227 de 2015  que establece el trámite notarial para la corrección del componente sexo en el registro civil y con ello Colombia se sitúa dentro de los países vanguardistas en materia de protección de derechos de minorías como lo es la comunidad LGBT, en tanto que no solo avala el criterio subjetivo para la determinación del sexo de una persona, sino que establece procedimientos expeditos que reducen obstáculos para ajustar el registro civil de una persona a la identidad sexual elegida. 

REFERENCIAS

Constitución Política de Colombia
Decreto 1260 de 1970 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Estatuto del Registro del estado Civil de las personas. Junio 27 de 1970. 
Decreto 1227 de 2015 [Ministerio de Justicia y del Derecho]. Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil. Junio 4 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-168 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: febrero 24 de 2005)
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 314 de 2011(M.P. Jorge Iván Palacio: mayo 4 de 2011)
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 063 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa: febrero 13 de 2015)