En 2012, después de un largo proceso de estudios de la selva y con la aprobación de una empresa verificadora, el Corredor de Conservación Chocó-Darién emitió aproximadamente 100.000 bonos de carbono. Este proyecto REDD+ —así es como Naciones Unidas denomina este tipo de iniciativas— se convirtió en el primero del mundo en generar créditos de carbono a partir de una tierra de propiedad colectiva. Un dato para comparar: si se divide la totalidad de CO2 de un país como Colombia entre sus habitantes, en promedio, cada colombiano genera 1,6 toneladas métricas por año. Así lo establece la más reciente medición per cápita del Banco Mundial. Y eso significa que este primer paquete de bonos de Acandí equivale al promedio de CO2 generado por unos 60 mil colombianos, más o menos la población de una ciudad como Mocoa.
Pero mantener el bosque a salvo de su depredador, el humano, es un trabajo de tiempo completo. Para ello, Cocomasur estableció un grupo de monitores para recorrer, todos los días, grandes extensiones del territorio en busca de signos de deforestación. Con ellos nos adentramos en la selva. Yénifer Vidal, lideresa de los monitores, explica cómo gracias al proyecto las comunidades han aprendido a reconocer sus derechos de propiedad del bosque. Y eso implica, por ejemplo, frenar la expansión de los potreros y la ganadería con el pretexto de que esta es una tierra de nadie.
—Antes era un terrateniente tumbando 20 hectáreas a diario. Ahora lo que más encontramos son personas, sobre todo gente ajena a la comunidad, haciendo talas selectivas para vender madera. Si no existiera el proyecto, ya los potreros estarían llegando a Panamá.
Su trabajo es pedirles irse del territorio, únicamente armados del diálogo y del respeto que inspiran. Y funciona. De no ser por las acciones del proyecto —estima un reporte de la empresa verificadora—aproximadamente la mitad del área acabaría deforestada para la década de 2040. De esta forma, durante la vida útil de la iniciativa, se evitará la emisión de 2,8 millones de toneladas métricas de CO2.
Otra consecuencia invaluable de la protección de este ecosistema es la preservación de su biodiversidad. El monitor José Amín la conoce bien. Hasta hace cuatro años trabajaba como aserrador en este mismo bosque, un oficio heredado de su padre y de su abuelo. En sus recorridos se ha cruzado con armadillos, monos aulladores y hasta jaguares. La región es hogar de 202 especies de mamíferos, 598 de aves, 58 de anfibios y 45 de reptiles. Casi la mitad están amenazadas. Ahora, José Amín y otro puñado de antiguos aserradores ponen esos conocimientos al servicio de la conservación.
Gracias a este trabajo, Cocomasur hizo una segunda emisión de bonos de carbono en 2017. Esta vez se superaron los 300.000. En ese mismo año —explica Francisco Ocampo, presidente de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono)—, el mercado de créditos de carbono colombiano se disparó debido a la creación del impuesto a los combustibles fósiles líquidos. A las empresas se les permitió comprar bonos de carbono como forma de reducir su huella en vez de pagar el tributo.
“Los proyectos de carbono existentes como el de Cocomasur, entonces, tuvieron un nicho de venta muy importante y ha venido creciendo —cuenta Ocampo—. Pasamos de 70 proyectos en 2017 a casi 200. Y también existe la demanda, muchísimo más grande, del mercado voluntario internacional, donde el precio del bono es superior a los 6 dólares. En Colombia está en 3,5”.
Entre los compradores hay tanto empresas nacionales como internacionales. “Queremos venderles a compañías comprometidas realmente con la reducción de la huella de carbono. Ojalá cada vez compraran menos bonos, pero porque estén tomando medidas para ser más sostenibles”, asegura Everildys. La demanda global de bonos se multiplicará por 15 para 2030, con lo que el mercado alcanzaría un valor de 50.000 millones de dólares, según un estudio de McKinsey de 2021. La consultora estima que esa misma demanda será 100 veces más grande para 2050.
Las regiones en donde mayormente se concentran este tipo de proyectos, por ahora, son el Pacífico y la Amazonía colombiana. Su valor no solo está en los beneficios ambientales para el planeta, sino en que, en teoría, deben impulsar también el desarrollo local y comunitario.
“Es importante regular cómo se implementan los Mercados Voluntarios en Colombia con el fin de garantizar que, además de ser una opción económica en los territorios, no se cometan atropellos con las comunidades, se contribuya a la conservación de los bosques de la Amazonía y del Pacífico y a las metas de reducción de gases de efecto invernadero para combatir el calentamiento global”, advierte Florián.