En Colombia, existe un avance significativo en la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, al reconocer su capacidad legal plena y promover su autonomía. Esta normativa se enmarca en el modelo social de la discapacidad, el cual considera que las barreras sociales son el obstáculo para una sociedad igualitaria.
- Garantía de Derechos Humanos: Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que trabajan en áreas de atención a la ciudadanía, deben tener un conocimiento profundo de la Ley 1996 de 2019 para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y promovidos. Esto es crucial para evitar prácticas discriminatorias y para asegurar la igualdad de oportunidades.
- Implementación Efectiva de Políticas Públicas: La comprensión del modelo social de la discapacidad y de la Ley 1996 es esencial para la formulación y ejecución de políticas públicas inclusivas. Los personeros, como defensores del pueblo, desempeñan un papel fundamental en la vigilancia del cumplimiento de la ley y en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
- Sensibilización y Cambio Cultural: La formación en este marco normativo y conceptual es un paso necesario para cambiar las percepciones y actitudes hacia la discapacidad. A través del diplomado, se busca que los participantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también se sensibilicen sobre la importancia de eliminar las barreras sociales que afectan a las personas con discapacidad.
- Fortalecimiento Institucional: La capacitación continua de los servidores públicos y personeros fortalece la institucionalidad y la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades de las personas con discapacidad. Un adecuado conocimiento de la Ley 1996 de 2019 permite que las entidades públicas operen con mayor eficacia y eficiencia, asegurando que las acciones del Estado sean inclusivas y respetuosas de los derechos humanos